Ley 562 de 2026: qué deben hacer las empresas antes de que rijan los nuevos descuentos a jubilados

Derecho Empresarial & Cumplimiento

El 2 de noviembre de 2026 se sancionó la Ley 562, que reforma la Ley 6 de 1987 y amplía los descuentos para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad. El debate público se centró en el beneficiario, pero hay una parte que casi no se discutió y que conviene mirar de frente: quien asume el costo de esos descuentos no es el Estado, sino la farmacia, la clínica y el comercio privado. La ley entra a regir alrededor de seis meses después de su promulgación, y ese plazo es, en realidad, la ventana de preparación para las empresas.

1. Qué cambió y desde cuándo

La Ley 562 no crea un régimen nuevo: reforma el que ya existía. La Ley 6 de 1987 reconoce desde hace casi cuatro décadas un conjunto de descuentos obligatorios a favor de los jubilados y pensionados. Lo que esta reforma hace es ampliar porcentajes y ensanchar la lista de servicios cubiertos, además de endurecer el régimen de sanciones para quien incumpla.

Según los reportes de prensa que consultamos, la ley fue sancionada el 2 de noviembre de 2026 y publicada en la Gaceta Oficial, y entraría en vigor seis meses después de su promulgación, es decir, alrededor de mayo de 2027. Esa fecha no es un tecnicismo: define el plazo del que dispone cada empresa para ajustar sus sistemas de facturación, capacitar a su personal y revisar sus políticas comerciales antes de que el descuento sea exigible. A la fecha de esta nota no hemos revisado el texto íntegro publicado en la Gaceta, de modo que las cifras y condiciones concretas deben confirmarse ahí.

2. El catálogo de descuentos

El núcleo de la reforma está en el sector salud, donde se concentran los beneficios más costosos para el prestador. Con la advertencia de que las cifras provienen de reportes de prensa y deben contrastarse con el texto oficial, el cuadro de descuentos que se ha difundido es el siguiente:

Hay un punto técnico que puede generar reclamos en el mostrador: el descuento en medicamentos estaría condicionado a la presentación de receta a nombre del beneficiario. Algunos reportes matizan que, para productos de venta libre, la exigencia de receta podría no aplicar. Es, precisamente, el tipo de detalle que el reglamento deberá aclarar, y que conviene tener resuelto por escrito antes de que la ley rija.

3. Quién paga el beneficio

Esta es la distinción que cambia por completo la lectura empresarial de la ley. El descuento a jubilados no es un gasto del presupuesto del Estado: es una carga que la ley traslada directamente al prestador privado. La farmacia, el laboratorio, la clínica o el consultorio otorgan el descuento con cargo a su propio margen.

El dato relevante para dimensionar el impacto es que, en segmentos como la venta de medicamentos, los márgenes operativos suelen ser estrechos. Un descuento del 20% o del 30% sobre el precio no se absorbe sin consecuencias cuando el margen del negocio es de un solo dígito. De ahí que el sector privado haya advertido, durante el trámite legislativo, sobre la tensión entre el beneficio social y la sostenibilidad del comercio que lo otorga.

4. Las obligaciones concretas del comercio

Más allá del porcentaje, la ley impone deberes de conducta que la empresa debe incorporar a su operación diaria. Estos son los que, a partir de la práctica bajo la Ley 6 y de la reforma, conviene tener mapeados:

• Honrar el descuento sin condicionarlo. El beneficio es exigible por el jubilado que acredite su condición; negarlo o ponerle trabas es la conducta que la ley sanciona.
• Definir la política de acumulación con promociones. Un foco recurrente de conflicto es si el descuento de tercera edad se acumula o no con ofertas vigentes. La política del establecimiento debe ser clara, estar documentada y comunicarse al personal y al cliente.
• Ajustar el sistema de facturación. Los nuevos porcentajes y las categorías de servicio deben reflejarse en el punto de venta antes de la entrada en vigor, para evitar errores que luego se interpreten como incumplimiento.
• Capacitar al personal de atención. Buena parte de las denuncias no nacen de una decisión de la empresa, sino de un cajero mal informado. La capacitación es, en la práctica, la primera línea de cumplimiento.
• Conservar el soporte. Documentar la aplicación del descuento protege al comercio frente a un reclamo y facilita la defensa ante una eventual investigación de la autoridad.

5. Sanciones y fiscalización

El régimen sancionador es el componente que convierte estos deberes en una cuestión de cumplimiento y no solo de buena voluntad. Según los reportes, la ley sancionada contempla multas de hasta B/.5,000 para las personas naturales y jurídicas que se nieguen a otorgar los descuentos. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) es la entidad que, en la práctica, recibe las denuncias y fiscaliza su cumplimiento.

El dato que conviene no perder de vista es que la fiscalización ya es activa bajo el régimen anterior: ACODECO ha registrado cientos de casos por posibles incumplimientos a lo largo del año. La reforma no inaugura la vigilancia; la intensifica y eleva el techo de las multas. Para una cadena con múltiples puntos de venta, un criterio mal aplicado de forma sistemática puede multiplicarse en tantas sanciones como establecimientos.

6. Antes y después: cómo leer el cambio

Para dimensionar la reforma conviene compararla con el régimen que sustituye y con la lógica de otros beneficios sociales. Bajo la Ley 6 de 1987 original, el jubilado ya tenía descuentos, pero con porcentajes menores y una lista de servicios más acotada. La Ley 562 amplía ambos ejes y, sobre todo, refuerza la sanción.

La diferencia de fondo con otros mecanismos de política social es estructural. Cuando el Estado subsidia un bien, el costo se distribuye vía presupuesto entre todos los contribuyentes. Cuando el Estado ordena un descuento obligatorio a cargo del privado, el costo se concentra en un sector específico: el que vende el bien o presta el servicio descontado. El beneficio para el jubilado es el mismo; el modelo de financiamiento es opuesto. Esa es la clave que una empresa debe entender para planificar: no se trata de un gasto que podrá recuperar del fisco, sino de una carga que deberá absorber, trasladar al precio general o gestionar por la vía de la eficiencia.

Ventajas y riesgos para la empresa

Del lado de las ventajas, el marco aporta algo valioso: certeza. El porcentaje es uniforme y conocido, lo que permite modelarlo en la estructura de precios y evita la discrecionalidad. Un comercio que cumple de forma ordenada también construye reputación frente a un segmento de clientes creciente y fiel.

Del lado de los riesgos, el principal no es la multa aislada, sino el incumplimiento sistémico por falta de preparación: sistemas no actualizados, personal no capacitado y una política de acumulación ambigua. El segundo riesgo es financiero y silencioso: no haber medido el impacto del nuevo porcentaje sobre el margen real de cada línea de producto antes de que la ley rija.

7. Qué hacer en los próximos seis meses

• Leer el texto oficial publicado en la Gaceta y, cuando se expida, el reglamento, para fijar porcentajes y condiciones exactas.
• Medir el impacto financiero del nuevo descuento sobre el margen de cada línea de producto o servicio afectada.
• Actualizar el sistema de facturación y los procedimientos del punto de venta antes de la fecha de entrada en vigor.
• Redactar una política interna clara sobre acreditación del beneficio y acumulación con promociones.
• Capacitar y dejar constancia de la capacitación del personal de atención al cliente.
• Definir un protocolo de respuesta ante una denuncia o una visita de fiscalización.