admin23Derecho Público & Cumplimiento
Cuando se habla de «conflicto de interés», el reflejo es pensar en el funcionario público. El Decreto Ejecutivo 77 del 27 de octubre de 2026, que reglamentó la Ley 316 de 2022, obliga a corregir ese reflejo: las obligaciones de declarar, prevenir y abstenerse ya no son solo del servidor público. Alcanzan también —con plazos y sanciones concretas— a las empresas que contratan con el Estado, a sus directores, accionistas, apoderados y beneficiarios finales, y a las organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos públicos. Y el reloj ya corre: la norma entra en vigencia noventa días después de su promulgación.
1. Qué cambió: de la función pública al negocio privado
La Ley 316 de 2022 estableció el marco para prevenir, identificar y sancionar los conflictos de interés en la función pública. Lo que faltaba era el reglamento que la hiciera operativa. Ese reglamento llegó con el Decreto Ejecutivo 77, publicado en la Gaceta Oficial N.º 30643.
La novedad relevante no es que se regule al funcionario —eso se esperaba—, sino que el régimen se proyecte sobre el sector privado que se relaciona con el Estado. Para una empresa proveedora, para quien se sienta en una junta directiva o para quien figura como beneficiario final de una sociedad contratista, el conflicto de interés dejó de ser un asunto ajeno y pasó a ser una obligación propia.
2. ¿A quién alcanza realmente?
El reglamento define tres grupos de sujetos obligados. El tercero es el que introduce al sector privado en la ecuación.
| Grupo | Quiénes quedan obligados |
|---|---|
| Sector público | Ministros, viceministros, directores de entidades, autoridades municipales, funcionarios de manejo y altas autoridades, incluidos diputados, magistrados, jueces y fiscales. |
| ONG | Miembros de juntas directivas de organizaciones que hayan recibido o reciban fondos, capital o bienes del Estado. |
| Contratistas del Estado | Personas naturales adjudicatarias, y miembros de juntas directivas, dignatarios, accionistas, beneficiarios finales y apoderados de empresas adjudicatarias de licitaciones públicas. |
Un matiz importante evita el alarmismo: a estos efectos, el reglamento comprende las licitaciones públicas de bienes, obras y servicios superiores a B/.50,000. No toda empresa que alguna vez vendió al Estado queda automáticamente comprendida; el criterio es el umbral y la condición de adjudicataria.
3. Qué exige: la declaración jurada y sus plazos
El eje del régimen es una declaración jurada de intereses. Su contenido es amplio: actividades profesionales, económicas y gremiales; relaciones empresariales; participaciones societarias; contratos públicos; y vínculos familiares relevantes.
Los plazos son concretos y conviene anotarlos desde ya:
- Presentación inicial dentro de los 30 días hábiles siguientes a quedar sujeto a la obligación.
- Renovación anual durante los primeros 10 días del año.
- Declaración final al cesar la condición de sujeto obligado.
- En contratación pública, una declaración por cada licitación adjudicada: constituye obligación contractual y requisito para el refrendo.
Esto último tiene un efecto práctico inmediato: sin la declaración, el contrato no se refrenda. Deja de ser una formalidad posterior para convertirse en condición de la relación con el Estado.
4. Qué conflictos regula: actuales, potenciales y aparentes
El reglamento no se limita al conflicto consumado. Distingue tres categorías —conflictos actuales, potenciales y aparentes— y regula sus consecuencias: impedimentos, deberes de abstención, y el tratamiento de regalos e invitaciones.
La inclusión del conflicto aparente es significativa: no exige que el interés privado haya influido de hecho en la decisión; basta con que, ante un observador razonable, pueda parecer que lo hizo. El estándar, por tanto, no es solo la honestidad de la conducta, sino también su apariencia de imparcialidad.
5. Fiscalización y sanciones
La verificación no queda en el papel. El reglamento faculta a la ANTAI a cruzar la información declarada con el Registro Público, la Dirección General de Ingresos (DGI), el sistema de Contrataciones Públicas y, bajo las condiciones que la ley permite, el registro de beneficiarios finales. Es, en la práctica, la convergencia de varios registros que hasta ahora operaban por separado.
| Tipo de incumplimiento | Sanción |
|---|---|
| Declaración defectuosa | Multa equivalente a dos meses de salario. |
| Declaración omitida | Multa equivalente a tres meses de salario. |
| Declaración falsa | Multa equivalente a cuatro meses de salario. |
A las multas se suman, según corresponda, consecuencias disciplinarias, penales y contractuales. Para una empresa, el riesgo no es solo económico: una declaración mal gestionada puede comprometer el refrendo de un contrato y la relación comercial con el Estado.
6. Qué hacer antes de que corran los 90 días
La ventana hasta la entrada en vigencia es la oportunidad para preparar, no para reaccionar. Un orden mínimo recomendable:
- Mapear la exposición: identificar si la empresa contrata, o podría contratar, con el Estado por encima del umbral de B/.50,000.
- Identificar a los sujetos obligados dentro del grupo: directores, dignatarios, accionistas, apoderados y, en especial, los beneficiarios finales.
- Verificar la coherencia registral: que lo declarado coincida con el Registro Público, la DGI y el registro de beneficiarios finales, porque ahí es donde la ANTAI va a cruzar.
- Diseñar un protocolo interno: quién declara, cuándo, con qué soporte documental y cómo se actualiza cada año y en cada licitación.
Este artículo tiene carácter informativo general y no constituye asesoría legal. El alcance concreto de la Ley 316 y del Decreto Ejecutivo 77 sobre una empresa o persona determinada requiere un análisis individualizado y debe confirmarse contra el texto publicado en la Gaceta Oficial N.º 30643.
Conclusión: la transparencia dejó de ser voluntaria
El Decreto Ejecutivo 77 cierra una brecha que llevaba años abierta: convierte un principio general —no mezclar el interés privado con la decisión pública— en obligaciones concretas, con plazos, cruces de información y multas, que ahora también pesan sobre el sector privado que se beneficia de la contratación estatal.
Para las empresas, la pregunta no es si la norma las alcanza, sino si llegarán a los 90 días con sus estructuras, sus beneficiarios finales y sus declaraciones en orden. Quien lo prepare hoy declarará con tranquilidad; quien lo deje para después, lo hará bajo la presión de un contrato en juego.
¿Su empresa contrata con el Estado o participa en licitaciones públicas? En EDTIJ revisamos su exposición a la Ley 316 y preparamos sus declaraciones y protocolos de conflicto de interés.
